Antes de dar de alta la actividad, todo abogado que decide abrir su propio despacho se enfrenta a una pregunta que condiciona el resto de decisiones: ejercer como autónomo o constituir una sociedad profesional. No existe una respuesta única, porque depende del volumen de facturación previsto, del número de socios, de si se va a contratar personal y del nivel de responsabilidad que se quiera asumir de forma personal frente al que se traslada a una estructura societaria.
La primera decisión al montar un despacho
El alta como autónomo (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) es la opción más habitual para quien inicia su actividad en solitario, sin previsión inmediata de socios ni de plantilla numerosa. Es la vía más rápida y económica para empezar a facturar, con menos trámites de constitución y sin necesidad de capital social ni de estatutos.
La sociedad profesional, en cambio, exige constituir una persona jurídica (habitualmente una sociedad limitada profesional), inscribirla en el Registro Mercantil y también en el Registro de Sociedades Profesionales del colegio de abogados correspondiente, tal y como exige la normativa colegial y el Estatuto General de la Abogacía Española (Real Decreto 135/2021) para el ejercicio colectivo de la profesión.
Cuando el asunto ya no es de gestión, sino de tribunales
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Ejercer como abogado autónomo: ventajas e inconvenientes
La ventaja principal del autónomo es la simplicidad: menos costes de constitución, contabilidad más sencilla y tributación directa en el IRPF por los rendimientos de la actividad económica. Es la fórmula adecuada cuando el despacho es unipersonal y la facturación no justifica todavía la carga administrativa de una sociedad.
El principal inconveniente es la responsabilidad ilimitada: el abogado autónomo responde de las deudas del despacho con su patrimonio personal, más allá del seguro de responsabilidad civil profesional obligatorio para el ejercicio de la abogacía. A medida que crece la facturación, la tributación progresiva del IRPF también puede resultar menos ventajosa que el tipo fijo del Impuesto de Sociedades.
Qué es una sociedad profesional y cuándo conviene
La sociedad profesional permite limitar la responsabilidad patrimonial al capital aportado (sin perjuicio de la responsabilidad profesional del abogado que firma cada asunto), y facilita la incorporación de socios, la planificación fiscal a través del Impuesto de Sociedades y una imagen más consolidada frente a clientes corporativos. La reducción del capital social mínimo exigido para las sociedades de responsabilidad limitada, introducida por la Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, ha facilitado la constitución de sociedades profesionales con una inversión inicial más reducida que antes de esta reforma.
Conviene valorar esta opción cuando:
- Se va a ejercer con otros socios abogados desde el inicio.
- La facturación prevista es suficientemente alta para que el tipo del Impuesto de Sociedades resulte más eficiente que el IRPF.
- Se prevé contratar personal de forma estable y se quiere separar el patrimonio personal del profesional.
- Se busca dar una imagen de marca y continuidad del despacho más allá de la persona física titular.
Fiscalidad, responsabilidad y protección de datos
Más allá del debate fiscal y de responsabilidad, tanto el autónomo como la sociedad profesional asumen las mismas obligaciones en materia de protección de datos, dado que un despacho de abogados trata datos personales de clientes, en muchos casos especialmente sensibles. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) exigen contar con un registro de actividades de tratamiento, cláusulas informativas adecuadas en cada encargo y medidas de seguridad proporcionadas al riesgo, independientemente de la forma jurídica elegida.
En el plano fiscal, además del IRPF o el Impuesto de Sociedades según la forma elegida, hay que tener presentes las obligaciones de facturación y los límites a los pagos en efectivo derivados de la normativa de prevención del fraude fiscal, recogidos en la Ley 11/2021, que afectan por igual a autónomos y sociedades a la hora de cobrar honorarios.
Contratar personal: qué cambia según la forma jurídica
Si el despacho prevé incorporar personal administrativo, pasantes o asociados por cuenta ajena, tanto el autónomo como la sociedad profesional deben cumplir el Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación, jornada y derechos laborales. La diferencia relevante no está en la normativa laboral aplicable, que es la misma, sino en quién responde frente a esas obligaciones: el patrimonio personal del abogado autónomo o el patrimonio de la sociedad, lo que refuerza el argumento de constituir una sociedad profesional cuando se planea crecer en equipo.
Claves para decidir
- Empezar como autónomo si el despacho es unipersonal y la facturación es todavía moderada.
- Valorar la sociedad profesional si hay varios socios desde el inicio o se prevé contratar personal.
- Comparar la tributación real en IRPF frente al Impuesto de Sociedades antes de decidir.
- Registrar la sociedad profesional en el colegio de abogados, según exige el Estatuto General de la Abogacía Española.
- Cumplir el RGPD y la LOPDGDD desde el primer expediente, sea cual sea la forma jurídica.
La elección entre autónomo y sociedad profesional no es definitiva: muchos despachos empiezan de la primera forma y transforman su estructura cuando la facturación y el equipo crecen. Lo importante es tomar la decisión con datos reales sobre ingresos previstos, número de socios y nivel de riesgo asumido, y no por inercia o por lo que haya hecho otro compañero de profesión. Puedes consultar más contenidos sobre esta y otras decisiones al abrir despacho en Abrir Despacho, y ampliar información sobre gestión y organización profesional en el blog.