Antes de dar de alta la actividad, todo abogado que decide independizarse se enfrenta a la misma disyuntiva: ejercer como autónomo o constituir una sociedad profesional. No hay una respuesta universal. La decisión depende del volumen de facturación previsto, del número de socios, del apetito de riesgo patrimonial y de la complejidad que se esté dispuesto a asumir en la gestión. Este artículo repasa las diferencias reales entre ambas opciones, sin promesas vacías.
Autónomo: la vía más simple para empezar
Darse de alta como autónomo (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA) sigue siendo la opción más habitual para quien abre despacho en solitario. No requiere capital social ni trámites de constitución mercantil, y el abogado puede empezar a facturar en cuestión de días tras colegiarse y notificar el alta en Hacienda y Seguridad Social.
El Estatuto de los Trabajadores no resulta aplicable a quien ejerce por cuenta propia, salvo en supuestos específicos de trabajador autónomo económicamente dependiente (TRADE), que no es el caso habitual del abogado con cartera de clientes propia. Esto significa libertad organizativa total, pero también responsabilidad patrimonial ilimitada: las deudas de la actividad profesional pueden alcanzar el patrimonio personal, aunque la normativa de apoyo al emprendedor permite, bajo ciertos requisitos, proteger la vivienda habitual mediante la figura del emprendedor de responsabilidad limitada.
Cuando el asunto ya no es de gestión, sino de tribunales
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Sociedad profesional: qué es y cuándo tiene sentido
La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, regula la constitución de sociedades cuyo objeto social es el ejercicio en común de una actividad profesional, exigiendo que los socios profesionales ostenten la mayoría del capital y de los derechos de voto. La sociedad debe inscribirse, además del Registro Mercantil, en el Registro de Sociedades Profesionales del colegio de abogados correspondiente.
El Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 135/2021, exige la colegiación individual de cada abogado que ejerza en la sociedad, con independencia de la forma jurídica elegida, y regula las incompatibilidades y la necesidad de seguro de responsabilidad civil profesional. La Ley 18/2022, de creación y crecimiento de empresas, facilitó la constitución de sociedades de responsabilidad limitada al reducir el capital social mínimo exigido, lo que ha abaratado el acceso a esta forma jurídica para despachos pequeños.
Constituir una sociedad profesional suele tener sentido cuando hay varios socios, se prevé un crecimiento sostenido del equipo o se quiere separar el patrimonio personal del riesgo de la actividad desde el primer día.
Diferencias clave: responsabilidad, fiscalidad y cotización
Más allá de la forma jurídica, conviene detenerse en tres elementos que condicionan el día a día del despacho:
- Responsabilidad: el autónomo responde con todo su patrimonio presente y futuro; la sociedad limita la responsabilidad al capital social, sin perjuicio de que el socio profesional siga respondiendo personalmente por los daños derivados de su propia actuación negligente, conforme a la Ley 2/2007.
- Fiscalidad: el autónomo tributa por IRPF, con tipos progresivos según el rendimiento neto de la actividad; la sociedad tributa por Impuesto sobre Sociedades, con un tipo fijo. La conveniencia de uno u otro régimen depende del nivel de ingresos y de la política de retribución que se diseñe para el socio.
- Cotización: el autónomo cotiza al RETA según el sist
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