La morosidad es el problema que casi ningún despacho pequeño mide y casi todos sufren. No aparece en la cuenta de resultados como una partida propia: se disfraza de tesorería ajustada, de pólizas de crédito renovadas cada año y de socios que cobran lo que sobra. Sin embargo, es un problema de gestión con soluciones concretas, y buena parte de ellas se aplican antes de emitir la factura.
Qué dice la ley sobre los plazos de pago
Los servicios profesionales prestados a empresas son operaciones comerciales y quedan sujetos a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, modificada por la Ley 15/2010. Conviene conocer tres reglas básicas:
- El plazo general de pago es de 30 días naturales desde la recepción de la factura o la prestación del servicio.
- Ese plazo puede ampliarse por acuerdo entre las partes, pero nunca por encima de 60 días naturales. Los pactos que superen ese límite son nulos.
- Transcurrido el plazo, el interés de demora se devenga automáticamente, sin necesidad de aviso previo ni de reclamación expresa. El acreedor tiene además derecho a una indemnización por los costes de cobro.
El tipo de interés de demora aplicable, salvo pacto distinto, es el que publica semestralmente el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial del Estado, calculado a partir del tipo de referencia del Banco Central Europeo más los puntos porcentuales que fija la norma. Conviene comprobar el tipo vigente en cada semestre antes de liquidar.
Cuando el cliente es un consumidor, el régimen es distinto: no se aplica la Ley 3/2004, sino las reglas generales del Código Civil y la normativa de consumidores, con especial atención al control de cláusulas abusivas en los recargos.
Contratar y despedir sin sustos
Las decisiones de plantilla son el punto donde más despachos acaban en el juzgado por no haber documentado bien el proceso. Antes de formalizar un despido o una modificación sustancial de condiciones, merece la pena una consulta con abogados laboralistas. Galindo & Barrio son abogados en Madrid y la primera consulta es gratuita.
La morosidad se previene en la fase de contratación
Reclamar bien es útil, pero es la última línea de defensa. Los despachos con menor morosidad son los que filtran antes de aceptar el encargo.
- Provisión de fondos inicial. Regla práctica sencilla: quien no abona la provisión difícilmente pagará la minuta final.
- Facturación por hitos. En lugar de facturar al cierre del asunto, vincule pagos a fases concretas del procedimiento. Reduce el riesgo acumulado y mejora la tesorería.
- Domiciliación bancaria en igualas. Convierte una decisión mensual de pago en algo automático y reduce drásticamente el retraso medio.
- Comprobación previa. En clientes empresa de cierto volumen, consultar cuentas depositadas en el Registro Mercantil y ficheros de solvencia antes de comprometer horas.
- Condiciones por escrito. Plazo de pago, forma de pago, intereses de demora y consecuencias del impago, todo en la hoja de encargo.
Un protocolo de reclamación con fechas, no con improvisación
El error más común es que el seguimiento del cobro dependa del ánimo del socio en cada momento. Un protocolo escrito, aplicado por igual a todos los clientes, despersonaliza el conflicto y funciona mejor.
Un esquema razonable arranca con un aviso automático de cortesía a los pocos días del vencimiento, continúa con una llamada telefónica en las dos semanas siguientes para detectar si hay una incidencia real (factura extraviada, disconformidad con el importe, problema de tesorería del cliente), sigue con una reclamación formal por escrito con acuse de recibo que interrumpa la prescripción y advierta de los intereses, y termina con la decisión de reclamar judicialmente, ceder el crédito o darlo por incobrable. Lo importante no es el calendario exacto, sino que exista y se cumpla.
Vías de reclamación específicas de la abogacía
El abogado dispone de un procedimiento privilegiado, la jura de cuentas regulada en el artículo 35 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para reclamar honorarios devengados en un procedimiento judicial en el que haya intervenido. Es un cauce rápido, pero limitado a esa clase de honorarios.
Para el resto de la deuda, el procedimiento monitorio es la vía habitual: no exige cuantía máxima y permite instarlo con la factura y el soporte documental del encargo. Si el deudor se opone, el asunto continúa por el cauce declarativo correspondiente.
Antes de cualquiera de ellas, valore la relación coste-beneficio. Reclamar judicialmente una deuda pequeña frente a un cliente insolvente puede consumir más horas de despacho de las que recupera. Y no olvide la recuperación del IVA repercutido y no cobrado: la Ley del IVA permite modificar la base imponible en créditos incobrables cumpliendo requisitos estrictos de plazo, reclamación previa y comunicación a la Agencia Tributaria.
Puntos clave para controlar la morosidad
- Plazo general de pago entre empresas: 30 días, ampliable por pacto hasta un máximo de 60.
- El interés de demora se devenga de forma automática al vencer el plazo.
- Provisión de fondos inicial y facturación por hitos en todos los asuntos de recorrido largo.
- Protocolo de reclamación escrito, con plazos fijos y aplicado sin excepciones.
- Medir cada mes el periodo medio de cobro y la antigüedad de la deuda pendiente.
- Jura de cuentas o monitorio según el origen de los honorarios reclamados.
Medir para poder decidir
Sin datos, la morosidad se percibe como mala suerte. Con datos, se identifica: qué clientes concentran el retraso, qué tipo de servicio genera más impagos y cuánto tiempo transcurre de media entre la factura y el cobro. Cualquier software de gestión razonable ofrece un informe de antigüedad de saldos y avisos automáticos de vencimiento. Configurarlos es una tarde de trabajo y evita meses de tensión de caja.
Puede ampliar información sobre control económico y herramientas en nuestras secciones de gestión de empresas y software para abogados.